Hacia las 10 de la noche de ayer, a la Unidad de tratamiento especial, ingresó violentamente el Comando de reacción inmediata, CRI, de la guardia penitenciaria. Haciendo uso desproporcionado la fuerza lesionó a varios detenidos. En medio de esta situación de agresión, se ocasionó un incendio dentro del pabellón, poniendo en riesgo la vida e integridad de los privados de la libertad.

Para ese momento los internos ya estaban encerrados en sus celdas, es decir, que se encontraban en estado de indefensión y la situación del establecimiento no ameritaba la intervención del cuerpo de reacción inmediata, facultado para actuar en situaciones de disturbios o desorden.

Horas antes los detenidos protestaban por algunas de las medidas restrictivas de derechos (como la limitación de la visita familiar), implementadas por el gobierno y el Inpec, bajo el supuesto de controlar el ingreso del coronavirus en las cárceles. No obstante, estas determinaciones han sido altamente cuestionadas no sólo por la población reclusa, sino incluso por un sector sindical de la guardia penitenciaria. ¡Y tienen razón! pues lejos de ser realmente eficaces para controlar el avance de la pandemia –lo que ocasionaría una verdadera masacre- en realidad vulneran las ya menguadas garantías de la población reclusa y agrava sus precarias condiciones (sobre el tema, espere análisis posteriores).

Pero el ingreso del CRI a la Unidad de tratamiento especial, se produjo después de culminada la jornada de protesta de los detenidos, cuando ya se habían logrado algunos acuerdos. Lo cual, llama a la reflexión sobre el impacto de la política de tratamiento represivo y militarista que al parecer sigue permeando el sistema penitenciario y que lo aleja del respeto, protección y garantía de los derechos humanos en contextos de encierro.

A esta hora, se desconoce el saldo de heridos que dejó la nefasta intervención del CRI en la UTE del COMEB-Picota, en la noche de ayer.

Movimiento Nacional Carcelario